Por Rafael Bautista S.
La polémica levantada por la prensa, en torno a la ley
anti-racismo, no tiene, como fundamento, al derecho sino al cohecho. Porque
cuando la propia prensa es cooptada por intereses privados monopólicos,
entonces no es la libertad de expresión la que toma la palabra sino la
privatización de ésta. Lo que es patrimonio público es raptado como propiedad
exclusiva de los medios privados; este supuesto “derecho” es el que se
pronuncia en contra del derecho de todos. Los medios no defienden la libertad
de expresión: lo que defienden es la potestad absoluta que pretenden sobre
ésta. Por eso aparece la intolerancia: exigen ser “consultados”, acusan de
“violación a sus derechos”, hasta casi ordenan la derogación de dos artículos
(que no les conviene); es decir, si de libertad de expresión se trata, no les
interesa la expresión popular sino, exclusivamente, la suya; por eso exigen una
“consulta” que ya tiene sentencia: si no se hace lo que exigen, resulta
“violación a la libertad de expresión”.
Demandan la anulación de dos artículos que les
incomoda, es decir: está bien estar contra el racismo, siempre y cuando se
tenga carta blanca para decir lo que se quiera (o haciendo decir a otros lo que
se piensa). El racista opina, precisamente, de ese modo, por eso nunca se
confiesa: su confirmación necesita de la negación retórica de sus actos.
Una sociedad es racista no porque un desequilibrado
profiera insultos en una radio, un periódico o un canal de televisión (quien se
delata no es tan peligroso como se cree) sino porque está estructurada y
atravesada política, económica y culturalmente, por el racismo. Si la propia
clasificación social es, previamente, una clasificación racista, entonces
hablamos de una naturalización de la dominación; que estructura las relaciones
de poder como relaciones racistas de dominación. La naturalización de éstas es
lo que produce su invisibilización; cuando las jerarquías sociales contienen
clasificación racial, entonces parece “natural” esa distribución social. Si el
precio del ascenso social es el desprecio (aunque sea disimulado) al supuesto
“inferior”, lo que se evidencia, aunque nos duela en el alma, es el fundamento
racista de nuestra propia subjetividad.
Hechos aparentemente inocentes nos muestran esto:
teñirse el pelo no es un acto cosmético sino ético (como auto-negación), porque
si el patrón de belleza que adopto no se corresponde a mi constitución
biológica (que tiene su propia expresión cultural que no admito), entonces esa
adopción se convierte en una negación de lo que, en definitiva, soy. Cosa
curiosa, cuanto más oscuro es el cabello, más posibilidades de desarrollar las
cualidades que hacen a un cabello sano (brillo, volumen, consistencia, etc.);
pero si por mudar de color (siempre a más claro) debo quemarlo, lo que quemo,
en última instancia, es la vida del cabello; es decir, por “verme bien” (según
el patrón adoptado) mato algo en mí. La constante es cruel: para afirmar el
patrón estético dominante (moderno-occidental) debo negar lo que soy (si lo que
soy no se corresponde con lo “superior” entonces, por definición, soy
“inferior”).
Una adopción estética no es inocente; es más, si el precio
de esa adopción es mi negación, entonces mi apuesta no me honra sino me
degrada. En este caso, el precio del racismo es la negación de la propia
persona. Por eso el precio de la ignorancia es siempre la muerte, es el caso de
nuestro ejemplo: para quemar el color del cabello no sólo quemo éste sino
también neuronas cerebrales, porque los químicos que aplico atraviesan el cuero
cabelludo, que es por donde respira el cerebro.